En Arizona, dos ciudades ofrecen diferentes respuestas a la crisis de las personas sin techo

This story was originally published in English. Read it here.

Esta historia fue traducida como una colaboración entre Bolts y palabra. 

Menos de 250 votantes emitieron su papeleta en la elección de este mes en South Tucson, Arizona, para revocar los cargos de la alcaldesa y de dos de sus aliados en el ayuntamiento. Los tres funcionarios, la alcaldesa Roxy Valenzuela y los concejales Brian Flagg y César Aguirre, forman una coalición progresista al frente de esta pequeña ciudad. Además de su labor en el gobierno, ellos colaboran con Casa María, un comedor social local que proporciona cientos de platos de comida caliente por día y distribuye ropa, artículos de higiene personal y ropa de cama a la población sin techo de la ciudad. 

Fueron sus acciones a favor de las personas en situación de calle las que los colocaron en el punto de mira: Un rival político sostuvo que los esfuerzos humanitarios y las iniciativas en materia de vivienda que ellos llevaban adelante actuaban como un imán de problemas que la ciudad, ya de por sí en apuros, no estaba preparada para afrontar. 

Los votantes rechazaron ese argumento el 5 de agosto, haciendo que Valenzuela, Flagg y Aguirre continuaran en sus cargos. Pero la moción de destitución dejó de manifiesto la presión a la que se ven sometidos tanto los funcionarios locales como los grupos de ayuda comunitaria ―como Casa Maria― en Arizona cuando responden a las necesidades de las personas sin techo con medidas que no son punitivas o represivas.

“Es parte de un problema mayor”, me dijo Aguirre después de haber sobrevivido a la votación que buscaba destituirlo. “Este país se ha desplazado tanto hacia la derecha que es difícil presentar algo humanitario o progresista que aborde las raíces de los problemas. En lugar de abordar la pobreza, quieren simplemente encerrar a las personas, esconderlas y actuar como si el problema no existiese”.

A medida que la crisis de las personas sin techo en Arizona se fue agravando, los gobiernos locales fueron invirtiendo en estrategias del garrote y de la zanahoria simultáneamente, en materia política. Han ofrecido algunos refugios y soluciones de vivienda a largo plazo, al mismo tiempo que han llevado a cabo barridas punitivas (“barrida” es como se llama al operativo que llega a un lugar y desaloja a todas las personas a su paso, como “barriendo” el espacio) y operativos de control en los campamentos, lo que ha hecho que las personas sin techo se vean obligadas a desplazarse adelante y atrás entre barrios, parques urbanos y lechos de río estacionales, lugares estos en los que pueden encontrar la sombra salvavidas en el inhóspito clima del desierto.

A medida que los líderes estatales y nacionales han reforzado el abordaje policial, los planes para mitigar la pobreza y crear más soluciones habitacionales han pasado a un segundo plano; en algunos casos, ha hecho mucho más difícil, incluso para las organizaciones sin fines de lucro, que puedan involucrar a las comunidades y continuar así su labor de ayuda.

No hay suficientes camas en los refugios de todo el estado, un reto que admiten también los funcionarios públicos, pero la sentencia del Corte Suprema de Estados Unidos del año pasado sobre el caso Grants Pass contra Johnson ratificó la potestad de las ciudades para castigar a las personas por buscar cobijo en terrenos públicos, incluso si no hay otro lugar al que puedan ir. La sentencia liberó a las ciudades para que puedan dictar prohibiciones de acampar a las personas sin techo. Y, en Arizona, los legisladores republicanos respondieron presentando una norma ―posteriormente aprobada en referéndum en noviembre― que faculta a los propietarios de inmuebles a presionar a las ciudades para que vigilen más estrictamente a las personas sin techo y adopten nuevas medidas para prohibirles el acceso a los espacios públicos. 

Esa medida, la Proposición 312, permite que los propietarios de viviendas y negocios exijan una devolución del impuesto al patrimonio para compensar los gastos y daños y perjuicios que puedan haber sido generados, los cuales atribuyen al fracaso de los gobiernos locales a la hora de reducir las molestias causadas por las personas en situación de calle. Aunque no está claro qué deben lograr las ciudades para evitar la devolución impositiva, la ley permite efectivamente a los residentes penalizar a las ciudades que no apliquen sanciones penales contra las personas sin techo, al tiempo que amenaza con vaciar las arcas locales destinadas a soluciones habitacionales y servicios sociales que podrían resolver el problema.

En Tucson, Arizona, la intervención del estado impulsó al ayuntamiento a aumentar las barridas ―que ya estaba llevando a cabo― y a aprobar ordenanzas que prohibieran la mendicidad en las medianas de las carreteras, así como el acampar en parques y riberas estacionales, estas últimas conocidas como washes. En South Tucson, una ciudad diferente, la presión impuesta por la nueva ley estatal, sumada a la ferviente reacción local contra las soluciones más progresistas, dejó a los líderes que promovían dichas soluciones a la defensiva. Sin embargo, de cara a su supervivencia política, están ahora redoblando la apuesta en la defensa de soluciones más humanitarias a la crisis de la vivienda y de las personas sin techo.

La pequeña ciudad de South Tucson tiene solo 1,2 millas cuadradas y está completamente rodeada por Tucson. La ciudad tiene menos de 5.000 residentes, que en su mayoría perciben bajos ingresos, y el gobierno local tiene poca recaudación tributaria para invertir en asistencia a la vivienda, programas de empleo y de salud conductual que serían necesarios para abordar las causas originarias del fenómeno de las personas en situación de calle.

Dado que la ciudad no cuenta con los recursos para abordar la falta de vivienda por sí sola, los dirigentes locales deben recurrir a grupos de ayuda mutua y organizaciones sin fines de lucro, como Casa Maria, para proporcionar ayuda: agua, comida y naloxona, un tratamiento farmacológico que salva vidas en caso de sobredosis. Estos aliados también han trabajado para crear salidas a la falta de vivienda y para ayudar a disminuir molestias que puedan ser causadas, por ejemplo, por la basura, que es inevitable cuando una población numerosa vive a la intemperie. 

“No pretendemos criminalizar a las personas sin techo. Nosotros queremos ayudarlas. Les ofrecemos recursos, aun si estos son limitados. Somos una comunidad pequeña y buscamos formas de ayudarlos, de que construyan confianza con ellos mismos y puedan responsabilizarse”, me dijo Valenzuela. “Estamos tratando de crear una coalición de grupos que pueda ayudar a nuestra comunidad. No podemos hacer esto nosotros solos”.

Valenzuela ve su trabajo en Casa María como un punto de partida para resolver realmente los problemas subyacentes que causan el que las personas deban vivir en situación de calle; todo lo cual no puede simplemente lanzarse fuera de los límites de la ciudad. Con la ayuda personalizada de los miembros del ayuntamiento, Casa María compró en 2023 dos moteles locales y los convirtió en viviendas económicas, con el objetivo de combatir el alza de los impuestos sobre la propiedad y de los precios de los alquileres generada por la remodelación urbana en las cercanías del centro de Tucson, la cual ha obligado a muchos antiguos residentes a abandonar sus barrios.

La alcaldesa Valenzuela me explicó que ella vive con su familia en una de las dos propiedades adquiridas por el comedor social. Es un gesto de solidaridad para con otros residentes, dijo, y también una forma de ayudar a monitorear un lugar que solía ser foco de conflictos. Allí, ella misma experimentó los desafíos a los que se enfrenta South Tucson cuando, en julio, una mujer saltó la cerca del hotel, orinó en el suelo y comenzó a fumar fentanilo delante de sus dos hijos. Cuando Valenzuela se acercó, se dio cuenta de que la mujer le resultaba familiar. “Fuimos juntas a la secundaria”, me contó Valenzuela. 

“Pude descomprimir la situación. Ellos son personas reales, no estadísticas. Necesitas construir confianza y ofrecerles recursos reales. A veces, las mejores personas para ofrecer esos recursos no son los policías; puede ser un miembro de la comunidad o un clínico”, afirmó. 

Pero las devoluciones de impuestos establecidas por la Proposición 312 siguen siendo una amenaza inminente al ya ajustado presupuesto de South Tucson. Hasta ahora, se han gestionado pocas devoluciones impositivas, si es que se ha gestionado alguna. No se sabe con certeza cuánto gastarán eventualmente las ciudades de Arizona para reembolsar a los propietarios de viviendas en virtud de la Proposición 312, y sigue quedando poco claro qué tipo de medidas evitarán que las ciudades incurran en la penalización, pero la sola amenaza es suficiente para perturbar la política local. 

El concejal Paul Diaz, exalcalde que encabezó el intento de destitución de Valenzuela y de los otros dos concejales, criticó a sus colegas por dar prioridad a las viviendas económicas y a las ayudas por encima del desarrollo económico. 

Diaz ha escuchado a los electores quejarse de vallas dañadas que costaría más de mil dólares reemplazar, de parcelas robadas y artículos hurtados en tiendas, y de edificios dañados por fogatas de campamentos por los que la ciudad podría ser responsabilizada. Al hacer South Tucson habitable para las personas sin techo, los grupos de ayuda podrían, inadvertidamente, llevar a la ciudad a la bancarrota, afirmó Diaz. 

“No los queremos aquí y sin embargo los estamos trayendo aquí con el comedor social y los alquileres de viviendas baratos”, dijo Diaz a Bolts refiriéndose a las personas sin techo. “Las viviendas accesibles no son realistas. No aportan dinero a las arcas de South Tucson para policía y bomberos. Cuando empezaron a promover viviendas de bajo costo, toda esta gente vino a la ciudad debido a que Casa María proporciona estas cosas que atraen a toda esta gente”.

El intento de destitución de este mes no fue el primero en South Tucson. El propio Diaz fue destituido como alcalde en 2015. Más tarde, en 2018, lanzó una exitosa campaña de destitución que apartó de sus cargos al entonces alcalde y a tres concejales por conflictos con los departamentos de policía y de bomberos de la ciudad. El último intento, según el concejal Aguirre, es “una distracción” promovida por voces conservadoras en la escena nacional tendiente a evitar cuestiones sociales complejas que se han “filtrado” y han comenzado a reconfigurar los gobiernos locales. 

Esas tensiones en torno al desafío de las personas que viven en situación de calle se convirtieron en munición política en las últimas elecciones para el presidente Donald Trump y sus aliados, quienes atacaron por este tema a las ciudades progresistas y a los estados liderados por demócratas. El mes pasado, Trump firmó un decreto que ordenaba a los organismos de financiación a quitar fondos a los programas de primera vivienda y a priorizar los subsidios federales a las ciudades que apliquen prohibiciones penales de acampar. A pesar de la disminución de la delincuencia en la capital, Trump declaró en agosto una emergencia de seguridad pública que le atribuye al fenómeno de las personas que viven en situación de calle, e invocó la 1973 District of Columbia Home Rule Act (la Ley de Autogobierno del distrito de Columbia de 1973) para poner a la Policía Metropolitana bajo control federal y desplegar a la Guardia Nacional para desalojar los campamentos.

Sin embargo, los dirigentes de South Tucson que frustraron el intento de destitución apuntan a su trabajo con Casa Maria como una alternativa.

Afirman que las iniciativas comunitarias también han contribuido a mitigar las molestias que, de otro modo, podría haber disparado la sanción fiscal de devolución impositiva creada por la Proposición 312. Valenzuela se unió al grupo comunitario Barrio Restoration (restauración del barrio) para desarrollar un proyecto que paga a las personas sin techo por limpiar la basura, realizar tareas básicas de jardinería y embellecer sus barrios. El programa, Barrio Keepers (cuidadores del barrio), recluta a personas que son atendidas en el comedor social de Casa María y les permite desarrollar habilidades valiosas, al mismo tiempo que estas mejoran las comunidades de las que ya forman parte. El programa también les proporciona alojamiento a algunos de los cuidadores en los moteles adquiridos por Casa María. 

“He lidiado con la adicción y la salud mental. Una de las cosas que me ayudó más es tener dignidad, tener algo que me da un propósito y me impulsa a querer hacerlo mejor”, me dijo Aguirre. “Pueden estar sobrios por un mes o, tal vez, solo por unos días, pero se vuelven a encontrar en las mismas condiciones en las que estaban antes y no pueden conseguir un trabajo o acceder a una formación. Esas son las cosas que necesitamos abordar, en lugar de criminalizar a las personas”.

En los alrededores de Tucson, los dirigentes municipales, aun si han invertido en programas sociales y de vivienda, han respondido a la Proposición 312 y a la presión de los funcionarios estatales para que apliquen mano dura contra las personas en situación de calle de forma más general: ampliando la autoridad que ya tiene la policía para expulsar a estas personas de los terrenos públicos.

El ayuntamiento promulgó en marzo una ordenanza que tipifica como delito permanecer en las medianas de las carreteras, a la cual siguieron otras normas aprobadas en junio que prohíben acampar en parques y en las riberas conocidas como washes. Aunque las prohibiciones pueden librar a la ciudad de responsabilidad ante la nueva ley estatal, los dirigentes afirmaron que las ordenanzas están destinadas a prevenir las molestias causadas por el daño no solo a la propiedad privada, sino también a la ecología de los parques de la ciudad, de los cursos de agua estacionales y de las áreas naturales donde residuos, carpas, ropa de cama y jeringas se acumulan a menudo. Cuando las prohibiciones se plantearon, el administrador municipal Timothy Thomure dijo en un memorándum que lo que buscaban era prevenir la pérdida de vidas durante las crecidas súbitas de los cauces de los ríos y “proteger el medioambiente”.

Antes de que las prohibiciones de acampar entraran en vigor en junio, la policía y los trabajadores municipales solían realizar barridas en los campamentos basándose en la aplicación de leyes sobre la invasión a la propiedad privada, el consumo de drogas y otros delitos, como resultado de la creciente presión de las asociaciones de propietarios para que los campamentos fueran controlados con mayor rigurosidad. En una demanda presentada en 2023 por la Hedrick Acres Neighborhood Association (la asociación de vecinos de Hedrick Acres), los residentes reclamaron que el fracaso de la ciudad para abordar la situación de las personas sin techo que vivían en el parque Navajo Wash había creado una crisis de seguridad pública que dañaba los hogares de los alrededores. Un tribunal de apelaciones falló este año a favor de la asociación y determinó que la ciudad puede ser considerada responsable de los problemas derivados de los campamentos transitorios. 

“Hay una gran presión para aplacar a las personas que reclaman por la falta de vivienda metiéndolas en la cárcel. No creo que lo crean, pero parece que pensaran que atravesar el sistema de justicia penal los mantendrá alejados de las drogas y en tratamiento”, dijo Liz Casey, coordinadora del grupo de ayuda mutua Community Care Tucson. “Pero ellos no tienen un plan: no tienen nuevas soluciones habitacionales ni casas de acogida. (Las personas sin techo) van a la cárcel, siguen un programa o pasan 24 horas en desintoxicación, y luego vuelven a la calle. No hay ningún plan después de eso”.

Casey y otros defensores de los derechos de las personas sin techo dicen que criminalizar a estas personas hará más difícil que los grupos de ayuda mutua y los trabajadores de la ciudad conecten con la gente que está en situación de calle y puedan construir con ellos la confianza necesaria para ofrecerles provisiones, refugio y tratamiento.

En mayo, el Departamento de Policía de Tucson participó de un evento de divulgación, a lo largo del río Santa Cruz, junto a trabajadores municipales que ofrecían servicios de asistencia. La operación de divulgación resultó en 39 detenciones, al tiempo que siete personas aceptaron ayuda, incluyendo asistencia para la vivienda y tratamiento para las adicciones. 

“Eso erosionó completamente la confianza que había. Es ridículo: tenían a la policía arrestando gente al mismo tiempo que tenían tiendas de campaña municipales con papas fritas y agua para la gente”, me dijo Casey. “Ellos saben que eso no ayuda. Saben que empeora las cosas. Pero es para cubrirse las espaldas y que no los vuelvan a demandar”.

Kevin Dahl, el único miembro del ayuntamiento de Tucson que votó en contra de las prohibiciones de acampar, me dijo que las nuevas ordenanzas son innecesarias visto que la policía ya puede actuar cuando un campamento genera un riesgo a la seguridad. La ciudad dispone de un protocolo desde 2022, diseñado para coordinar a múltiples organismos y responder así a las denuncias por campamentos, de modo que las situaciones de bajo riesgo se puedan abordar a través de la limpieza de la basura y la sensibilización respecto al tema, en lugar de hacerlo mediante la actuación policial. Según datos del Departamento de Servicios Medioambientales de Tucson, la ciudad ha realizado una media de 209 barridas al mes en campamentos este año. En julio, la ciudad programó la retirada inmediata de 197 campamentos y 30 de esas barridas involucraron a la policía. Las prohibiciones de acampar pueden proteger a la ciudad de responsabilidades legales y sanciones previstas en la Proposición 312, dijo Dahl, pero la ironía es que es improbable que incrementen la vigilancia policial y los arrestos.

“No van a dar lugar a ninguna acción adicional de las que estamos haciendo”, dijo Dahl. “Tal vez, algunas personas pensaban en la imagen y esto les parece mejor a quienes están preocupados por los campamentos cercanos a sus casas, o a quienes han tenido problemas con personas sin techo en sus calles o con la delincuencia”.

En medio de la presión estatal para que los gobiernos tomen medidas severas contra los campamentos de personas sin techo, una red de grupos de ayuda mutua hizo un llamado a la ciudad de Tucson para que evitara activar la devolución de impuestos de la Proposición 312, dando respuesta a las necesidades de las personas que viven en situación de calle en lugar de castigarlas o desplazarlas de un lugar a otro. Los organizadores escribieron una carta abierta llamando a los dirigentes municipales a invertir en soluciones habitacionales y en ayuda, lo cual es “una petición y un menú de opciones que ya existen gracias a las organizaciones comunitarias”, dijo Angel Breault, que está al frente de Reconciliación en el Río, un grupo dedicado a proteger y restaurar la ecología de los washes de Tucson.

Los voluntarios del grupo Amphi Liberation Mutual Aid (ayuda mutua para la liberación de Amphi) instalan cada semana mesas con comida, ropa, bebidas y artículos de higiene personal en las afueras de un parque vallado en el norte de Tucson. Y, al atardecer, cuando el calor extremo se desvanece, distribuyen estos artículos entre las personas que viven en la zona.

La distribución de ayudas es constante, por lo que los que viven en la zona saben cuándo y dónde pueden reabastecerse de forma segura, y la mayoría se han vuelto caras conocidas, comentaron los voluntarios mientras montaban un dispensador de agua. Un martes, al observar, junto a los voluntarios de Amphi Liberation, una de las entregas que realizan, vi que la relación que construyen permite a las personas pedir cosas sin temor a ser juzgadas: un joven de gesto alegre pidió a un voluntario una cucharada extra de bebida electrolítica para echar en su cantimplora antes de sentarse a comer. Una mujer, mientras recogía artículos de tocador de una mesa, pidió una dosis extra de naloxona para tenerla a mano. El grupo también provee formas de cuidado más íntimas, como cortes de pelo y curación de heridas.

La iglesia propietaria del parque lo cerró en febrero por problemas de mantenimiento y cuestiones de seguridad atribuidas a quienes buscaban refugio allí. Pero, cuando el parque fue despejado y vallado, esto “obligó a estas personas a dispersarse por la zona” y redujo la cuantía de distribuciones de ayuda mutua que se realizaban allí, dijo el organizador Xavier Martinez. El desplazamiento causado por las barridas y el cierre de los parques “es realmente aterrador” para las personas sin techo más vulnerables, con discapacidades o enfermedades crónicas, ya que interrumpe el tratamiento que proporcionan las enfermeras y otros trabajadores de la salud en los emplazamientos de ayuda mutua, me explicó Martinez.

“Si están siendo tratados por una herida grave y, al día siguiente, son desplazados, eso se traduce en otro período prolongado de tiempo en el que sus heridas comenzarán a supurar”, dijo Martinez. “Es difícil ser constante a la hora de tratar a las personas”.

Las nuevas políticas de Tucson pueden poner palos en la rueda a los esfuerzos comunitarios de apoyar a las personas sin techo. Sin embargo, con los recursos ya de por sí limitados, la ciudad también depende de esas organizaciones para cubrir las carencias en servicios y necesidades básicos. 

Los grupos de ayuda mutua trabajaron juntos para montar más de 26 estaciones de agua a lo largo de la ciudad como parte de la iniciativa Agua Para el Pueblo, según Breault, de Reconciliación en el Río. Aunque los vecinos a veces se sienten frustrados porque atraen a visitantes indeseables, las estaciones de agua son un salvavidas para prevenir las muertes provocadas por el calor, ya que la ciudad solo cuenta con un puñado de centros de refrigeración especializados de una red de más de 30 en todo el condado, a pesar de que las temperaturas suelen superar los tres dígitos (100°F equivalen a 37,7°C). Las estaciones de agua también brindan cubos de basura, vasos de papel y, en ocasiones, botellas de agua reutilizables para reducir basura tal como los vasos desechables de las gasolineras que muchos utilizan para mantenerse hidratados y que son los residuos que se encuentran más comúnmente en los washes, dijo Breault. 

Sin embargo, la iniciativa Agua Para el Pueblo, como otros proyectos de ayuda, existe en una zona jurídica gris, debido a una ordenanza de larga data que impide la distribución de alimentos y bebidas a 10 o más personas en terrenos públicos sin un permiso. La norma no se aplica actualmente, pero refleja la reticencia de la ciudad a abrazar las estrategias comunitarias humanitarias que están en marcha, pese a que estas les ofrecen a los gobiernos municipales un modelo de cómo concentrar recursos y servicios para satisfacer las necesidades de las personas sin techo al mismo tiempo que minimizan las molestias que se puedan causar a los vecinos. 

“Los grupos que están siendo tratados como opositores son los que están proporcionando los recursos provisorios que hacen falta”, dijo Breault. Si la ayuda humanitaria que ellos ofrecen desapareciera, añadió, “entonces la ciudad va a tener un problema mayor que afrontar”.

Traducido por Ana Lissardy.