Los residentes de Nueva York sin ciudadanía se enfrentan a una ley electoral fallida

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Antonio Alarcón, de 30 años, residente en Queens, se considera partidario de la candidatura de Zohran Mamdani a la alcaldía de Nueva York por una serie de razones prácticas, como el fortalecimiento de los fondos para la educación en la ciudad, que incluiría un aumento salarial para los docentes, además de otros asuntos cotidianos. “Él ha podido conectar con los votantes porque ellos saben que la crisis de la vivienda persiste, ellos saben sobre la atención a la infancia”, dijo.

Pero Alarcón no podrá emitir su voto por Mamdani ni por ningún otro candidato el 4 de noviembre. 

Alarcón, que llegó a la ciudad de Nueva York desde México en 2005, siendo un niño, y que fue beneficiario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia” (DACA, por sus siglas en inglés), ha sido durante mucho tiempo un firme defensor de los derechos de los inmigrantes y organizador comunitario. Pero también forma parte de una porción de la población que está mayoritariamente excluida de la conversación electoral ―pese a representar cerca de una séptima parte de la población adulta― por el simple motivo de no contar con la ciudadanía legal. Este grupo de residentes de la ciudad de Nueva York no puede votar, por mucho que estas personas influyan en y se vean afectadas por las políticas municipales.

Como uno de los demandantes en el proceso legal que terminó con el bloqueo al intento del actual presidente, Donald Trump, durante su primer mandato, de poner fin al DACA (proceso que finalmente terminó con una victoria cinco a cuatro en la Corte Suprema de Estados Unidos a favor de los beneficiarios del DACA), Alarcón tuvo una participación más directa en política nacional que la mayoría de las personas. Aun así, él no puede emitir su papeleta para elegir al próximo líder de su ciudad, en una contienda electoral que ha generado interés en todo el mundo debido al fuerte contraste entre Mamdani, el candidato demócrata que se autoidentifica como demócrata socialista; Andrew Cuomo, el exgobernador que ahora se presenta como independiente; y el candidato republicano, Curtis Sliwa.

“Mis primos en México me preguntan: ‘¿A quién vas a votar?’. Y yo me quedo como… ‘bueno, primero que nada, no puedo votar’”, dijo. “Estuve involucrado políticamente no porque lo quisiera sino más bien por obligación, ¿no? Ser indocumentado te empuja a involucrarte políticamente en torno a cómo la gente toma decisiones sobre tu vida… Para mí siempre ha sido una especie de ironía realizar campañas, asegurarme de que tengamos a las personas correctas, pero no ser apto para votar”.

Durante un breve periodo de tiempo, pareció que este ciclo electoral podría ser diferente. Poco después de las últimas elecciones a alcalde, el ayuntamiento aprobó una ley que permitía participar en las elecciones locales ―para alcalde, concejal y otros cargos municipales― a las personas que no tuvieran ciudadanía pero que sí tuvieran algún tipo de autorización para trabajar. La reforma habría tenido impacto sobre los residentes permanentes, poseedores de visa de trabajo, personas con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), beneficiarios del DACA y residentes con algún otro tipo de estatus legal, con la idea de que todos ellos pudieran tener voz en los asuntos políticos locales que los afectan de forma más directa.

Se esperaba que la ley fuera aplicada este año, ampliando así enormemente el electorado de la ciudad de Nueva York. Pero detractores de la ley presentaron una demanda que fue anulada en repetidas ocasiones por los tribunales, hasta que finalmente la ley fue bloqueada por el tribunal supremo del estado a comienzos de este año, dejando fuera, una vez más, a un gran grupo de potenciales votantes.

“Creo que si (la reforma) de hecho se hubiera implementado, habríamos visto decenas de miles de neoyorquinos que han sido excluidos de participar en la vida cívica realmente entusiasmados por votar, independientemente de la elección (que fuera) o de quién estuviera en la papeleta”, dijo Murad Awawdeh, presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York, la cual participó del esfuerzo por aprobar la ley. “Creo que lo más importante aquí es que la gente solo quiere una vía para ejercer sus deberes cívicos”.

En los últimos años, medios de comunicación, incluido este, han puesto el acento en las comunidades excluidas de las urnas; muchas veces, personas que estuvieron en prisión en el pasado y que están impedidas de votar por una miríada de restricciones estatales. En la ciudad de Nueva York, la población que no es ciudadana legal se caracteriza no solo por su imposibilidad de votar, sino también por su ingente cantidad y por su integración en la vida cultural y económica. Casi el 40% de la población de la ciudad es nacida en el extranjero, y alrededor del 14% son adultos sin ciudadanía, según datos de la American Community Survey.

Estimaciones de la ciudad sitúan el número de personas sin ciudadanía que habrían sido afectadas por la reforma en más o menos 800.000 personas, o sea, aproximadamente la población total de San Francisco. Estas personas se encuentran en todas las secciones censales de la ciudad, habiendo algunos barrios, como Corona, en Queens, o Sunset Park, en Brooklyn, con secciones censales en las que el 50% o más de la población no tiene ciudadanía. Es un electorado inmenso e inmensamente diverso, unido por su imposibilidad para participar de la forma más directa de autogobierno: las elecciones representativas.

Cuáles serían sus preferencias electorales es difícil de decir. Steven Romalewski, director del Mapping Service and Center for Urban Research de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, que ayudó a Bolts a analizar los datos del censo, explicó que es una especie de perro que se muerde la cola: las encuestas electorales y los sondeos están casi siempre concebidos centrándose en los posibles votantes, lo que excluye por definición a quienes no tienen la ciudadanía, dado que estos no están habilitados para votar.

“Tal vez ellos votarían de la misma manera, o en términos generales de la misma manera, que las comunidades en las que viven, pero eso no se sabe”, dijo Romalewski.

Sí sabemos qué siente Yogi Pratama, un becario posdoctoral y científico sénior del Departamento de Cirugía del Centro Médico de la Universidad de Nueva York. Él, un partidario de Mamdani, lleva unos cuatro años en la ciudad haciendo un trabajo que puede potencialmente salvar vidas, al investigar el aneurisma aórtico, un asesino silencioso.

Este poseedor de visa de trabajo fue criado como musulmán en Indonesia antes de obtener su doctorado en Italia y de llegar luego a la ciudad de Nueva York, y le impresiona que su semejante inmigrante musulmán Mamdani haya resistido cierta inercia cultural y haya apoyado a la comunidad queer, de la que Pratama forma parte, y se haya convertido en un político progresista.

“Llegué a este país justo después de que Biden fuera elegido, y esta es la primera experiencia (electoral) para mí estando en este país y pudiendo ver los cambios políticos de este año desde Estados Unidos, los que había visto en 2021”, dijo. “En lo que respecta a Nueva York como una fortaleza del progresismo, siempre pienso que este es el último santuario cuando todo en este país toma una dirección que es la opuesta a los valores progresistas. Creo que esta va a ser la última ciudad que sostenga eso”.

Para él, esto va más allá de los eslóganes y, en cambio, alcanza aspectos prácticos como el aumento del costo de vida que vivió desde su llegada. También le preocupa que algunas personas sin ciudadanía se desconecten de la participación cívica y del futuro de la ciudad porque piensan: “De todos modos, no voy a votar. Así que, ¿por qué debería importarme?”. 

La preferencia de Pratama es consistente con lo que podemos extrapolar de las encuestas existentes entre los votantes de la ciudad de Nueva York. Romalewski explicó que las encuestas que desglosan a los encuestados por origen étnico y racial podrían servir como nuestro indicador más cercano a lo que sería un sondeo de voto entre las personas sin ciudadanía. Por ejemplo, una encuesta reciente de Marist reveló que los posibles votantes latinos, en una contienda entre Mamdani, Cuomo y Sliwa, se decantarían ampliamente por Mamdani, en un 50%, mientras que 20 puntos irían para Cuomo. Una encuesta diferente, de Quinnipiac, daba a Mamdani como ganador con una ventaja menor, de 19 puntos, entre los votantes latinos, pero, entre los votantes asiáticos, daba una aplastante victoria sobre Cuomo de 48 puntos.

La victoria de Mamdani en las primarias se debió, al menos en parte, no solo a la participación de los votantes habituales, sino también a nuevos votantes gracias a una sólida campaña en el territorio que apuntó a muchos barrios con un alto número de inmigrantes. Fue un cambio notable respecto a la mayoría de las elecciones de la ciudad de Nueva York, en las que típicamente se ven índices de participación extremadamente bajos, y en las que quienes emiten sus votos suelen ser votantes de mayor edad, de barrios más adinerados y con títulos universitarios, mientras que una porción enorme de la clase trabajadora y de los votantes de color se mantienen al margen de la política. Las primarias de este año no revirtieron por completo esa tendencia, pero sí representaron la más alta participación en una elección municipal en más de una década, incluyendo un notable aumento entre votantes jóvenes; los votantes de edades entre 18 y 29 años casi duplicaron su participación respecto a 2021, pasando de alrededor del 18% a más del 35%, lo que representa la más alta participación de todos los grupos etarios.

La estrategia electoral general de Mamdani parece seguir basándose en atraer nuevos votantes, y resulta lógico pensar que ese esfuerzo habría atraído a cierto número de votantes sin ciudadanía, si estos hubieran podido participar tal como lo preveía la reforma de 2021.

Randy Frazer, director ejecutivo de la organización de participación cívica juvenil YVote, dijo que su organización tenía la esperanza de encauzar esa energía para involucrar a algunos de sus miembros sin ciudadanía. “Estamos en un momento en el que intentamos simplemente estimular a la gente joven, combatiendo tanto la información falsa como la privación de los derechos democráticos entre los jóvenes; nosotros sabemos que ellos tradicionalmente no han sido incluidos en la conversación o son apáticos”, dijo. 

También hay algunas razones para pensar que las personas sin ciudadanía habrían tenido motivaciones especiales para participar en estas elecciones, que se produjeron con el telón de fondo de una política contra los inmigrantes extraordinariamente agresiva por parte de la administración Trump. El actual alcalde de Nueva York, Eric Adams, que se acercó a Trump este año mientras presionaba exitosamente al Departamento de Justicia para que retirara los cargos de corrupción contra él, ha tomado medidas para aumentar la cooperación de la ciudad con los aparatos represivos de Trump, incluyendo un intento fallido de reabrir una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el complejo penitenciario de Rikers Island.

Aunque muchas de las protecciones santuario de la ciudad están codificadas en la ley, hay algunas cosas que un alcalde puede hacer para, o bien enfrentarse, o bien permitir tácitamente el tipo de redadas militarizadas y la presencia generalizada de agentes federales que ya se vieron en otras ciudades, incluyendo Los Ángeles, Chicago, Washington, D. C., y Portland. Estas opciones incluyen tener policía local que imponga algunas restricciones en torno a los arrestos sin orden judicial y, eventualmente, sobre los agentes federales que vayan enmascarados. Mamdani, en particular, ha prometido usar los poderes que le otorga su cargo para frenar las eventuales actuaciones federales, una postura por la que Trump ha amenazado con arrestarlo.

Para muchos trabajadores, los resultados electorales locales pueden ser además mucho menos abstractos y mucho más tangibles de manera inmediata. Bhairavi Desai, que está al frente de la New York Taxi Workers Alliance, estima que alrededor del 60% o 70 % de sus aproximadamente 25.000 taxistas no tienen la ciudadanía y sí un permiso de trabajo. Desai señaló que la subsistencia de sus miembros se ve directamente afectada por las decisiones que tome el Taxi and Limousine Commission (la comisión de taxis y limusinas), cuyos miembros son todos designados y ratificados por funcionarios municipales electos.

En su opinión, esto se convierte en un asunto laboral y de desequilibrio político. “Los trabajadores tienen regulaciones directas ―o hay licencias, o hay beneficios fiscales por los que las corporaciones compiten― sin que los trabajadores realmente puedan hacer sus propios reclamos o tener influencia política para obtener mejores condiciones laborales”, dijo. “Gran parte de nuestra economía es política”.

La posibilidad de que los residentes sin ciudadanía puedan participar de las elecciones municipales es algo que se espera desde hace tiempo en la ciudad de Nueva York. El argumento a favor es relativamente sencillo: para un país fundado sobre el principio de “no hay tributación sin representación” (“No taxation without representation”), hay millones de personas en todo el país que pagan muchos impuestos y no tienen la posibilidad de elegir directamente a sus representantes. Las elecciones municipales, en particular, giran en torno a asuntos muy alejados de cuestiones de política exterior o de alcance nacional; las personas interactúan con la policía, con el sistema educativo, con sus carreteras y hospitales locales, independientemente de sus estatus de ciudadanía.

El voto de los residentes sin ciudadanía en las elecciones locales era habitual durante el siglo XVIII y parte del siglo XIX, y algunos municipios precursores como Takoma Park, Maryland, revivieron esta práctica en la década de 1990. 

El tema cobró fuerza en la ciudad de Nueva York hacia el final del primer mandato de Trump, alentado por energía progresista y por la sensación de que las personas sin ciudadanía necesitaban una voz política más potente después de una administración que los había convertido en su blanco. Si bien el alcalde saliente Bill de Blasio nunca bendijo la medida, él no la bloqueó y el proyecto de ley pasó por el consejo a fines de ese año. (En realidad, la ordenanza se convirtió en ley a comienzos del mandato de Eric Adams como alcalde).

Este logro después de años de esfuerzo resultó ser un destello fugaz más que un terremoto. Semanas después de que la ley fuera aprobada, una coalición de legisladores republicanos, que incluía a la representante estadounidense Nicole Malliotakis, oponente de De Blasio en la contienda por la alcaldía de 2017, y al concejal Joe Borelli, un prominente representante local de Trump, interpusieron una demanda para bloquearla. Un juez estatal anuló la ley, en junio de 2022, y esta fue ascendiendo en su proceso de apelaciones hasta que dicho fallo fue finalmente reafirmado por el tribunal supremo, en marzo de este año.

El caso básicamente se derrumbó por una línea de la constitución estatal que dice, entre otras cosas: “todos los ciudadanos tendrán derecho a votar en todas las elecciones”. Los defensores de la ley electoral argumentaron que eso garantizaba el derecho al voto de los ciudadanos pero que no excluía a otros de su participación; mientras que los detractores de la ley sostuvieron que efectivamente se trataba de una limitación, la cual implicaba que solo los ciudadanos tenían ese derecho. Los tribunales al final estuvieron de acuerdo con la segunda interpretación, lo que se traduce en que no hay ninguna ley que el ayuntamiento o incluso la legislatura estatal puedan aprobar que pueda poner en práctica un nuevo sistema de votación para no ciudadanos sin impulsar un cambio en la constitución estatal, para lo que parece haber poco interés.

Desde este intento de reforma electoral, otros municipios han aprobado leyes que permiten votar a personas sin ciudadanía, como Washington, D. C., y varias localidades de Vermont. Pero, en la ciudad de Nueva York, el voto de quienes no tienen la ciudadanía legal sigue siendo una suerte de política extraña que no logra ponerse en marcha.

La ley se aprobó en la última parte de un ciclo electoral municipal, no lo suficientemente rápido como para que los residentes sin ciudadanía pudieran votar en 2021, y agotó sus instancias de apelación justo cuando otro ciclo estaba poniéndose en marcha, tres meses antes de las primarias de 2025, encajando perfectamente entre dos ciclos electorales sin que las personas sin ciudadanía tuvieran el derecho al voto en ninguno de los dos.

Aun así, los residentes sin ciudadanía permanecen profundamente involucrados en la organización política. En la ciudad, hay una larga tradición de sindicatos, grupos comunitarios, organizaciones étnicas y religiosas, y tantos más, que se unen para defender sus derechos y presionar a los poderes fácticos, muchas veces consiguiendo derechos y protecciones adicionales para sus tantas veces marginados electorados. Una de las iniciativas más impresionantes de organizaciones políticas locales de los últimos tiempos fue llevada a cabo por Los Deliveristas Unidos, un grupo creado por y para la ahora omnipresente fuerza laboral, predominantemente inmigrante, de la que los neoyorquinos han llegado a depender para la inmediata entrega de comida, provisiones y otros productos. El grupo pasó de ser una idea a conseguir una remuneración mínima histórica y otros beneficios en solo unos tres años.

En la actualidad, el costo de vida es una de las prioridades de Janna Elizabeth De la Cruz Perez, una nueva residente permanente de Brooklyn, originaria de República Dominicana, que trabaja en el turno nocturno limpiando edificios de oficinas para llegar a fin de mes y ayudar a mantener a su hijo de 8 años que permanece en ese país latinoamericano. De la Cruz apuntó al peaje por congestión de Nueva York: “Además del combustible, que ya es caro, tienes que pagar para poder salir de los barrios, tienes que pagar para volver a entrar, tienes que pagar para ir a trabajar, y todo se está volviendo más caro”. (Cabe mencionar que la tasa por congestión es un programa estatal, no municipal). 

De La Cruz forma parte del sindicato, multitudinario y poderoso políticamente, 32BJ SEIU, al que le atribuye el mérito de haberla ayudado a mostrar el poder de la organización política y de las luchas, aun si ella no puede votar en las próximas elecciones. Ella participó en las elecciones del sindicato y ha visto cómo, gracias a las iniciativas de este, “conseguimos mejores salarios y beneficios”. El sindicato también le está ofreciendo asistencia legal para patrocinar que su hijo se reúna con ella en Nueva York, lo que significa que ella está pensando no solo en su futuro, sino en el de su hijo.

“Lo que puedo decir es que nosotros, los residentes, aportamos algo muy importante para este país”, dijo. “Trabajamos duro y pagamos un montón de impuestos”.

Traducido por Ana Lissardy.