Cómo un sheriff de Maryland persiguió inmigrantes mucho antes de que se dispararan las redadas del ICE

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Los hermanos metieron sus vidas en las mochilas. El menor lloró cuando les dio un abrazo de despedida a sus gatos. “Lo eran todo para mí”, dice.

Desde San Salvador, El Salvador, partían rumbo a una nueva vida en el condado de Frederick, en Maryland, Estados Unidos, a 2000 millas de distancia (más de 3000 kilómetros). Allí, su familia tenía contactos, y era allí donde se habían instalado su madre y su padrastro luego de que ella tuviera que huir para salvar su vida.

El viaje sería peligroso pero no tanto como quedarse. Crecer en la capital de El Salvador les había significado, con tan solo 11 años de edad, ser testigos de asesinatos cometidos por pandillas. Y temían ellos mismos llegar a ser asesinados solo por girar en la calle equivocada. Habían sido tan extorsionados al interno del negocio familiar, una peluquería, que habían llegado al punto de no generar más ganancias.

Cruzaron ríos y autopistas; hicieron largos tramos a pie. Sobrevivieron a policías corruptos y a robos a lo largo del camino, primero en El Salvador y Guatemala y, luego, aún con más frecuencia, en México. Durmieron sobre pisos duros y sintieron el dolor de sus jóvenes cuerpos. 

Cuando finalmente lograron llegar a Frederick, se unieron de inmediato a una red local de apoyo. Esa era —y sigue siendo— una zona de rápido crecimiento, con una numerosa población de inmigrantes latinos y con varios miles de personas sin ciudadanía estadounidense (como su madre y su padrastro).

Ha pasado casi una década desde que llegaron, pero todavía recuerdan uno de los primeros consejos que recibieron: “Nos dijeron en nuestra comunidad que la oficina del sheriff es racista”, dice el hermano mayor. “Hemos oído gente decir esto muchas veces”. (Bolts no publica los nombres de los hermanos ni de otros inmigrantes entrevistados para este artículo porque no exponerlos a la posibilidad de ser detenidos).

Quien ha sido sheriff por largo tiempo del condado de Frederick, Chuck Jenkins, se ganó su reputación por sus vínculos con organizaciones de extrema derecha y antiinmigrantes que fueron calificadas como grupos de odio por el Southern Poverty Law Center. 

Jenkins, un republicano que se postula a la reelección en noviembre, se ha convertido en una celebridad local, ha aparecido con frecuencia en Fox News y se ha reunido con el presidente estadounidense, Donald Trump, tanto en la Casa Blanca como en Mar-a-Lago. 

Fue uno de los primeros partidarios de Trump, de quien dijo, en una entrevista de 2015, que “da en el clavo” en materia inmigratoria.

“Mientras sea sheriff del condado de Frederick, vamos a trabajar con el ICE”, dijo Jenkins en esa entrevista, refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). “Y vamos a sacar del condado de Frederick a los criminal aliens; a tantos como podamos”. (Criminal alien es un término utilizado para referirse a personas sin estatus legal en el país que cometieron delitos.)

Jenkins acompañó su retórica con políticas dirigidas a los inmigrantes de su comunidad. Mientras cientos de sheriffs de todo el país, incluidos muchos de Maryland, últimamente se han apresurado a asociarse con el ICE para ayudar a arrestar, encarcelar y, en última instancia, deportar inmigrantes, Jenkins ya hacía esto mucho antes de que se pusiera de moda. En 2008, dos años después de asumir el cargo, Jenkins se convirtió en uno de los primeros sheriffs del país en unirse al programa 287(g) del ICE, el cual facultaba a su personal para indagar sobre la situación migratoria de las personas dentro de la cárcel local. En estos 18 años transcurridos desde que se firmó ese acuerdo, según Jenkins, su oficina usó el programa 287(g) para poner a unas 2000 personas bajo custodia del ICE para su deportación.

“El miedo y el justificado estado de terror y de histeria en el que ha sido puesta la gente a nivel nacional bajo esta administración es el mismo en el que ha estado viviendo la gente en Frederick durante años”, me dice Sebastian Brown, residente de Frederick y estratega de defensa de los derechos de la sección de Maryland de la American Civil Liberties Union (ACLU). “La gente no necesariamente conocía el nombre 287(g), pero sí sabía que, si eras enviado a la cárcel, terminarías en el ICE. Ese miedo ha estado aquí desde 2008 y ha permeado en cada aspecto de la vida de las personas”.

Entre las 2000 derivaciones al ICE de las que Jenkins presume, estaba la del padrastro de los hermanos salvadoreños. Una mañana de verano del año pasado, dos semanas después de que su madre diera a luz a un bebé, el padrastro salió rumbo a su trabajo y nunca más volvió. Un auto del sheriff lo siguió y fue aprehendido por un oficial mientras recogía suministros para el trabajo en una tienda local. No tenía antecedentes penales y no sabía por qué lo habían detenido, pero, de todos modos, fue llevado a la cárcel del condado.

El hermano mayor cuenta que ese día, cuando llamó para intentar averiguar qué había pasado, un empleado de la cárcel fue brusco y displicente, y que le dijeron que el asunto no tenía “nada que ver” con él. Cuando el padrastro pudo llamar a su casa, les transmitió que el personal carcelario le había dicho que sería liberado en 48 horas.

“Fuimos allí justo después de la hora 48, para esperarlo afuera”, dice el hermano mayor. “Esperamos tres horas y nada. Intentamos llamarlo… No hubo respuesta, no hubo información”.

Los hermanos sabrían más tarde que su padrastro nunca había estado ni cerca de ser liberado, porque el ICE se había hecho cargo de él en la cárcel, lo había trasladado a un centro de detención de la propia agencia federal en Baltimore y luego lo había llevado en avión a otra cárcel más en Texas, donde pasó dos angustiosos meses y perdió mucho peso, antes de ser definitivamente deportado, el otoño pasado.

Las facturas se acumularon para la familia que quedó atrás, ya que era el padrastro el que los mantenía económicamente. El hermano menor dejó la universidad. Su madre, con el tiempo, se autodeportó a El Salvador, y se llevó consigo al bebé y a otro hermano menor. Los hermanos que se quedaron en Frederick ahora tienen dificultades para comprar comida, y rara vez salen de su casa.

“En nuestra comunidad, la comunidad hispana, existe siempre el temor a ser detenidos por la oficina del sheriff”, dice el hermano mayor.

“Tenemos miedo cada día”, agrega. “Nos gusta mucho ir a hacer senderismo. Y siempre está este pensamiento en el fondo de nuestras mentes: ¿y si el ICE está ahí, en el bosque? Es horrible porque hay cosas que realmente disfrutas, pero el disfrute sencillamente se esfuma cuando piensas en eso”.

Su madre había instalado una peluquería dentro de su nueva casa, retomando la carrera que había dejado atrás en San Salvador. Ahora ella se fue, pero la peluquería permanece intacta. Los hermanos intentan no entrar ahí porque les recuerda a su madre. El taladro y la sierra circular de su padrastro están juntando polvo en el piso de la cocina. En el garaje, una sillita de bebé para el auto está acumulando moho.

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Jenkins es conocido por su cruzada contra los inmigrantes en su comunidad, con declaraciones como: “la mayor amenaza para nuestro país es el problema de la inmigración”. O: “no podemos continuar absorbiendo a esta población o terminaremos colapsando como un país del tercer mundo”. Después de que asumió su cargo en 2006, Fox News lo denominó el segundo sheriff más duro en materia de inmigración de todo el país, solo después de Joe Arpaio, el exsheriff de Arizona conocido por su perfilamiento racial contra los latinos.

La plataforma de Jenkins se volvió parte de una reacción más amplia contra el crecimiento de la población inmigrante y latina del condado de Frederick. Al mismo tiempo que Jenkins empezó a trabajar codo a codo con el ICE para arrestar y deportar inmigrantes, los funcionarios locales declararon el inglés como idioma oficial del condado, buscaron restringir el alquiler de viviendas a personas sin estatus migratorio legal, e incluso trataron de hacer que las escuelas públicas reportaran a las autoridades a los estudiantes que no tenían dicho estatus migratorio.

Defensores locales de los derechos de los inmigrantes dicen que la retórica de Jenkins y su estrecha colaboración con el ICE han socavado la seguridad pública, porque han disuadido a los inmigrantes de llamar a la policía cuando son testigos o víctimas de un delito. En el condado de Frederick, este mes, me encontré con muchos inmigrantes que tenían familiares, amigos o vecinos que fueron deportados y esto, decían, les generaba más miedo a las autoridades policiales locales, en particular, a la oficina del sheriff.

Una mujer inmigrante me dice que ella evitó llamar al 911 después de que, hace poco, se viera involucrada en un accidente de autos, pese a necesitar ayuda. El menor de los hermanos salvadoreños, que vio a su familia desgarrada por la deportación de su padrastro el año pasado, me dice: “Mis amigos no se sienten seguros llamando a la policía, porque piensan que eso hará que los deporten. No se sienten libres”.

Si bien la era Trump contribuyó a envalentonar a Jenkins los ataques contra la comunidad inmigrante del condado de Frederick, el terreno bajo sus pies empezó a cambiar en los últimos años: el condado se volvió mucho más liberal a medida que fue creciendo la población. George W. Bush había obtenido 20 puntos porcentuales de ventaja en 2004, pero, para 2024, la población del condado había crecido en un 50 por ciento y Kamala Harris ganó por nueve puntos.

Karl Bickel, un alto funcionario de la oficina del sheriff durante la década de 1990 y el candidato demócrata a sheriff en los últimos tres ciclos electorales, perdió por 26 puntos cuando compitió por primera vez contra Jenkins, en 2014. Sin embargo, él se ha ido acercando más y más en cada contienda: perdió por cuatro puntos en 2018 y solo por 2,8 puntos en 2022.

Conocí a Bickel (quien vuelve a competir con Jenkins en noviembre) en una cafetería de las afueras del condado de Frederick, una mañana de domingo de poco tiempo atrás. Como viene haciendo desde hace 12 años, Bickel sigue prometiendo a los votantes llevar la oficina del sheriff en una dirección muy diferente, y afirma que se negaría a colaborar con el ICE y que usaría la oficina como un instrumento de control de una agencia federal que, según él, ha actuado al margen de la ley. 

“La oficina del sheriff, una vez informada de que el ICE está haciendo algo en el condado, respondería”, dice sobre sus planes para esta oficina. “Un agente o dos y un supervisor responderían monitoreando la actividad. Averiguaríamos quién es el supervisor del ICE, les preguntaríamos si tienen una orden judicial, y averiguaríamos cuál es su misión. Ellos podrían cooperar o podrían no cooperar”. Bickel dice que él ordenaría a los agentes de la oficina del sheriff que grabaran esas interacciones con el ICE y elaboraran informes sobre las actividades locales de la agencia federal, los cuales serían publicados en línea por él.

“Mucho de lo que hace el ICE, si lo hiciera un agente de la oficina del sheriff, lo despedirían o arrestarían”, me dice. “El uso de la fuerza, la utilización de agentes químicos, cosas como esas. Sencillamente no está bien”.

Mucho ha cambiado desde la última candidatura de Bickel a sheriff. Para empezar, los demócratas en la legislatura de Maryland, en respuesta al esquema de deportaciones masivas de Trump, aprobaron una ley a comienzos de este año que prohíbe los acuerdos locales para unirse al programa 287(g). En un proyecto de ley complementario, los demócratas también restringieron significativamente otras colaboraciones más informales con el ICE, impidiendo que la policía del estado —en la mayoría de los casos— indague sobre el estatus migratorio de las personas, y bloqueando la mayor parte de las formas de intercambio de información entre las agencias locales y el ICE.

Estos cambios, además de tener otros efectos, obligaron a cancelar el contrato de Jenkins con el ICE, así como los de los otros ocho sheriffs republicanos de Maryland que se habían sumado al programa. Jenkins se opuso firmemente a estos cambios y, este verano, se unió a otros 16 sheriffs de Maryland para demandar al estado con el fin de bloquear algunos de ellos.

Todos los sheriffs que se unieron a esta demanda—la cual se refiere repetidamente a los inmigrantes como “criminal aliens”—se presentan sin oposición en noviembre, salvo por Jenkins y el republicano Jeffrey Gahler, del condado de Harford. Las elecciones a sheriff sin rivales son típicas en este país, incluso en los condados bisagra.

Bickel dice que, de ser elegido, a los demás sheriffs del estado “no les caería bien”. Las diferencias entre él y Jenkins no pueden ser más marcadas, tanto en políticas como en personalidad.

Bickel, de 76 años, lleva décadas sin estar activo en las fuerzas del orden. Cuando fuimos juntos en auto a la cárcel del condado, al principio no estaba seguro de dónde aparcar porque, dijo, no había estado ahí por al menos 10 años. Bickel dice que él no disfruta de hacer campaña y se presenta a sí mismo como un intelectual de los libros. Cuando nos encontramos para tomar café, literalmente cargó con cuatro libros para demostrar su afición a la lectura, además de una gorra de la American University y de su anillo de graduación. Hizo notar en varias oportunidades que él recibió mucha más educación formal que Jenkins. “Pregúntale cuál fue el último libro que leyó”, comentó. “Mi estimación es que ninguno”.

En una granja al otro lado de la ciudad, me encontré con Jenkins mientras estaba reunido con unos 200 simpatizantes en torno a una parrillada. Jenkins, que rara vez se pierde un desfile o un festival local, se movía como un pez en el agua en ese ambiente. Un presentador de radio y un legislador republicano lo elogiaron desde un micrófono, alabando al sheriff por haber sobrevivido a una “caza de brujas”—en alusión a la acusación federal contra Jenkins, de 2023, de confabulación con el dueño de una tienda local de armas para adquirir ametralladoras ilegalmente, cargos que los fiscales retiraron más tarde, durante los últimos días de la administración Biden. Varios miembros de alto rango del equipo de Jenkins se me acercaron para decirme que renunciarán a sus puestos si el sheriff pierde en noviembre.

Cuando Jenkins y yo nos apartamos de la parrillada para hablar, el sheriff criticó duramente la reciente legislación que terminó con su contrato con el ICE y lo obligó a cambiar las políticas carcelarias. En el pasado, la cárcel contaba con lo que él llamaba “nuestra sala de investigaciones 287(g)”, donde los agentes de la oficina del sheriff solían “investigar de dónde era esa persona y cómo había llegado aquí”.

“Si estaban ilegalmente en el país, teníamos acceso a todas las bases de datos del ICE”, dijo Jenkins en ese momento. “Y, basándonos en eso, preparábamos un detainer para el ICE”, agregó, refiriéndose a la petición mediante la cual las autoridades locales retienen a una persona hasta que el ICE toma custodia de esta.

Según Jenkins, el estado efectivamente desactivó la coordinación entre su oficina y el ICE. Ahora, el personal carcelario solo pregunta en qué país nació el detenido y de qué país tiene ciudadanía. “Pero ya no comprobamos el estatus migratorio”, lamentó.

Jenkins criticó los cambios en las políticas, pero reservó la mayor parte de su veneno para Bickel, llamando a su perenne rival “imbécil traicionero”. Jenkins, de 70 años, trabajó bajo el mando de Bickel en la oficina del sheriff durante los años 90 y lo considera “artero”.

“Te voy a decir algo, de hombre a hombre: yo, personalmente, le patearía el culo”, me dijo Jenkins. “Físicamente. Le zapatearía el culo. Algún día, le espera una paliza. No me gusta el hijo de puta. Personalmente, políticamente, no es bueno. Puede leer todos los libros que quiera”.

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Ante el miedo a las autoridades policiales que la retórica y las políticas de Jenkins han intensificado entre los inmigrantes del condado de Frederick, muchos miembros de la comunidad se han organizado para protegerse mutuamente lo más posible. Se han alertado unos a otros en chats grupales encriptados sobre la actividad del ICE, han cuidado a los hijos de los otros y han llevado provisiones a quienes tienen miedo de salir de casa.

Las recientes reformas estatales y las restricciones que han puesto a las operaciones de Jenkins son todavía un triste consuelo para los inmigrantes del condado de Frederick, porque las acciones del ICE se han disparado en todo el estado y en todo el país. “Los inmigrantes saben que no hubo un cambio de mentalidad, sino un cambio en la ley”, dice Viviana Westbrook, abogada de inmigración de Maryland, quien ha trabajado con muchos residentes del condado de Frederick. “Todos estos años de este tipo de mensajes no se van a borrar con un proyecto de ley. Ni con varios”.

Gran parte de la organización y de la ayuda mutua en el condado de Frederick es llevada adelante por personas que, a su vez, corren el riesgo de ser deportadas, como la mujer que se vio involucrada en un accidente de autos recientemente, la cual me dijo que, cuando empezó a coordinar la entrega de provisiones en mayo, ella y sus colegas tenían una lista de 15 familias que necesitaban ayuda.

“Ahora, son más de 50”, me cuenta cuando nos sentamos juntos en su sala. “En cuatro meses, ha crecido hasta ese punto. Y estas son solo las familias de las cuales tenemos conocimiento”.

Ella me cuenta sobre una madre a la que está ayudando, cuyo esposo fue arrestado el mes pasado. “No tiene ni idea de cómo va a cuidar de los niños. El padre era el asalariado del hogar. Ella no puede pagar por su apartamento. Es muy difícil”.

Mientras su hija juega en el sofá, agrega: “He sido testigo del daño que esto les hace a los niños, psicológicamente. No ver a tu mamá o a tu papá es insoportable. ¿Cómo podemos ayudar en esa situación? Continúas porque no queda otra alternativa, pero un niño… ¿Qué pueden hacer ellos?”.

La mujer dice que conoce a padres que mantenido a sus hijos fuera de la escuela este año y que conoce a otros que sí los han enviado pero que, de todos modos, no los han inscripto en los programas de almuerzo gratuito por temor a una interacción—incluso, como esta, amigable—con el gobierno. Los datos estatales muestran una caída en la matrícula de estudiantes latinos en las escuelas de Maryland y, en particular, en el condado de Frederick, a medida que el cerco en torno a los inmigrantes fuerza a las familias vulnerables a esconderse.

Después de un rato, una amiga de la mujer pasa por ahí. Es madre de niños pequeños y una más entre las docenas de inmigrantes que reciben ayuda alimentaria en el condado de Frederick. Me cuenta sobre su esposo, que fue arrestado el año pasado y deportado. “Trabajaba en el sector de techados. Teníamos una vida normal”, dice.

Su esposo, quien, cuenta, no tenía antecedentes penales, fue interceptado por el ICE cuando iba camino al trabajo, sin una razón clara. “La gente decía que ellos solo estaban agarrando delincuentes, personas con antecedentes. Pero cuando se lo llevaron, nos dimos cuenta de que no es así”, dice. En la actualidad, este tipo de aprehensiones es común para el ICE; el 70 por ciento de las personas bajo su custodia no tiene antecedentes penales, según la base de datos sobre inmigración de la Universidad de Syracuse.

La esposa del hombre deportado continúa: “Cuando estás con tu pareja, sabes cómo lidiar con las cosas. No siempre es fácil, pero lo sabes. Cuando estás sola, es mucho más difícil”. Uno de sus hijos está yendo a terapia y a veces vuelve de la escuela llorando. “Intento ser fuerte para que no me vean decaída”, agrega.

La de esta familia es una historia conocida en el condado de Frederick, donde inmigrantes y abogados, por muchos años, han alegado un patrón de perfilamiento racial durante los controles de tránsito. En 2019, la ACLU de Maryland demandó a la oficina de Jenkins en representación de una mujer inmigrante a quien un agente había hecho detenerse por un presunto problema con la luz trasera de su auto, y que luego había sido interrogada sobre su estatus migratorio.

Después de permanecer parada al borde de la carretera durante casi una hora mientras el agente intentaba hacer que el ICE respondiera, la mujer, Sara Medrano, fue dejada en libertad con una advertencia por el no funcionamiento de una luz trasera que, dice, funcionaba bien cuando la revisó más tarde esa noche.

La demanda acusaba a Jenkins de seguir una estrategia policial que “trata a los inmigrantes como de segunda clase” al someterlos a “interrogatorios, registros y detenciones ilegales e inconstitucionales” por motivos de raza y origen étnico. Un acuerdo alcanzado en 2021 en este caso le concedió a Medrano una indemnización de 25 000 dólares y obligó a Jenkins a presentarle una disculpa por escrito por lo que había tenido que soportar. Como parte del acuerdo, la oficina del sheriff también debió implementar capacitaciones para intentar prevenir el perfilamiento racial, así como llevar a cabo reuniones con el público sobre su rol en el control migratorio, incluida su participación en el programa 287(g).

Durante los primeros años, cuando el ICE era visto rara vez por esta zona, esas reuniones posacuerdo abiertas al público eran poco concurridas. En cambio, en la más reciente, se llenó hasta el punto que había gente de pie. Los residentes, uno tras otro, expusieron quejas sobre la actitud de la oficina del sheriff hacia los inmigrantes.

Sin embargo, resulta significativo que, según cuentan los asistentes, ninguno de los que tomaron la palabra ese día era un inmigrante directamente en riesgo frente al ICE. “Eso me dice que ellos tienen miedo”, dice Westbrook.

Tras las reformas estatales aprobadas este año, funcionarios como Jenkins tienen técnicamente prohibido, por ley, interrogar a las personas que paran basándose en sospechas sobre su estatus migratorio. Pero, pese a esto, el año pasado la mayoría conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los agentes federales de inmigración podían perfilar racialmente a las personas para realizar aprehensiones. Y defensores de los derechos de los inmigrantes y personas inmigrantes del condado de Frederick afirman que esto es algo que sucede con frecuencia.

“La gente es llevada cada día. Temprano en la mañana, después del trabajo, en los lugares de trabajo, las hacen detenerse”, dice Brown, de la ACLU de Maryland. “Con un aumento tan grande de los fondos, el ICE ha asumido ese rol, con la bienvenida y los brazos abiertos de la oficina del sheriff”.

“El programa 287(g) era un multiplicador de fuerzas para el ICE”, agrega, refiriéndose a cómo dicho programa aumentaba la capacidad operativa de la agencia federal. “Pero ahora están enviando gente a Frederick, eliminando el intermediario”.

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Esta nueva dinámica quedó a la vista a principios de septiembre cuando el ICE se desplegó en un barrio tranquilo de Frederick para llevar adelante una vigilancia de varios días. Muchos residentes respondieron con protestas, escoltando a los niños de la escuela a casa, compartiendo información por canales privados, agitando pancartas anti-ICE, e incluso uniendo los brazos en la calle para tratar de impedir el avance del ICE. Los agentes del ICE reaccionaron con violencia; un agente golpeó a al menos un manifestante con un bastón policial, según un video obtenido por el sitio web de noticias Maryland Matters.

Hace dos años, no era habitual ver vigilancia de ese tipo. Pero la mayor presencia del ICE en la zona activó a ciudadanos activistas, incluyendo a muchos que, hasta ahora y bajo otras circunstancias, no habían participado en este tipo de resistencia.

Los opositores del ICE en todo el condado dicen que, si Jenkins finalmente perdiera en noviembre, sería gracias a la creciente indignación de los votantes que, tal vez, no habían oído hablar antes del programa 289(g), o que no habían analizado detenidamente la agenda de Jenkins en el pasado. Este no debería ser un desafío insuperable. Después de todo, Jenkins solo ha ganado por un estrecho margen en cada una de sus últimas dos contiendas contra Bickel. Y la ciudad de Frederick, que es el centro administrativo del condado, parece haberse vuelto más liberal desde entonces, como lo evidencia, en parte, el hecho de que César Díaz, líder local de defensa de los derechos de los inmigrantes, no solo ganara un escaño en el concejo municipal de Frederick, el otoño pasado, sino que además ascendiera de inmediato a presidente del concejo.

La primera ordenanza que aprobó el nuevo concejo se llamó City Values Act (ley de valores de la ciudad), la cual prohíbe a los empleados municipales auxiliar al ICE sin una orden judicial. También prohíbe al ICE usar propiedades municipales para cualquier actividad de control migratorio. Eso sucedió luego de otra reforma, aprobada en 2024, que habilita a que quienes no tienen ciudadanía estadounidense a votar en determinadas elecciones locales. (Aun así, casi ninguno de los nuevos habilitados ha votado en los hechos, y esto se debe al miedo que les genera interactuar con cualquier tipo de autoridad gubernamental).

Pero la ciudad es un lugar muy diferente al resto del condado, el cual es, en su mayor parte, bastante rural y mucho más conservador, y el cual ha ayudado a que Jenkins obtuviera una victoria tras otra, incluso cuando el electorado del condado de Frederick se ha vuelto cada vez más demócrata.

Díaz dice que cree que Jenkins puede ser derrotado este año porque, al parecer, ahora a más votantes locales les importa la protección de los inmigrantes, lo cual ha ayudado a concientizar sobre el historial del sheriff. 

“Cuanto peor se ponen las cosas con la administración Trump, más apoyo recibe la comunidad de inmigrantes”, dice Díaz. “No pasan dos días sin que alguien nuevo me contacte para ver cómo puede ayudar. Cada semana, hablo con 10 personas o más que me preguntan: ‘¿Qué podemos hacer?’. Esto se está volviendo cada vez menos ajeno para la gente. Cada día, más y más personas conocen a alguien que conoce a alguien; o conocen a alguien, directamente; o es el amigo de su hijo en la escuela, o su vecino, o su compañero de trabajo”.

El daño causado a la comunidad, dice Díaz, se ha vuelto imposible de ignorar. “Cada semana hay siete, ocho, 10 nuevas familias afectadas por el ICE. Papás que salen rumbo a su trabajo y no regresan”.